El magistrado repasa el fallo del Circuito Camps, habla sobre trata y la democratización de la justicia.
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| Foto: Matías Adhemar. |
"En Argentina hubo un proyecto económico en el que se decidió que quien se opusiera iba a ser exterminado. Eso es el verdadero genocidio." En las últimas dos sentencias por juicios por crímenes de lesa humanidad que firmó el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 de La Plata, Carlos Rozanski, las condenas fueron por el delito internacional de genocidio que sanciona la Convención para la Prevención de la ONU a la que Argentina suscribió a mediados del siglo pasado e incorporó a la Constitución en la última reforma.
En una entrevista con Tiempo Argentino el juez platense analizó la sentencia y la utilización de ese concepto en la condena a 16 represores a prisión perpetua por 33 homicidios –entre quienes se encuentra un civil, el ex ministro de gobierno de la Provincia, Jaime Lamont Smart, por el asesinato de Jorge Rubinstein, la mano derecha de David Graiver– y por los secuestros y torturas cometidas durante la dictadura cívico militar en seis de los centros clandestinos de detención que manejaba la Policía Bonaerense que se conoció como Circuito Camps.
Luego de un año y tres meses de debate por el que pasaron más de 400 testigos, se inspeccionaron cinco centros clandestinos y se escucharon miles de historias de secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos, el 19 de diciembre pasado el TOF1 de La Plata condenó a 23 represores por los crímenes del Circuito Camps, cuyos fundamentos serán leídos en marzo. El último día antes de iniciar la feria judicial, Rozanski analizó el juicio que acababa de concluir y sostuvo que en la sentencia, aunque se condenó por delitos del código penal tradicional, correspondía condenar por genocidio.
La sentencia se produjo sobre un final de año álgido en el que la justicia estuvo en la mira de la sociedad: a las once absoluciones por el rapto de Marita Verón se sumaron las sentencias y las cautelares por la Ley de Medios, por lo que la discusión sobre la independencia judicial y las presiones a la justicia quedó en primera plana. Por todo eso, el juez platense también comparó los juicios de lesa humanidad con los del delito de trata; explicó la importancia de dar a luz las presiones que sufrió el Tribunal a través de los editoriales del diario La Nación y subrayó la necesidad de la democratización de la justicia.
"Lo malo no es la corporación como palabra, lo malo es cuando la corporación lo que hace es cerrarse hacia adentro, apañar jueces que han colaborado con la dictadura militar, oponerse a que haya una mirada más en perspectiva sobre qué es lo que está funcionando mal en una institución", resumió Rozanski.
–¿Qué importancia tienen las condenas del Circuito Camps para los procesos de lesa humanidad y como hecho histórico?
–La importancia del Circuito que se juzgó fue la de unificar causas de distintos centros clandestinos. Primero por cuestiones de tiempo, porque las víctimas tienen que declarar una y otra vez si se juzga por separado, lo cual es una locura. Segundo, porque los hechos en general en un circuito de centros clandestinos no son aislados sino que responden a un determinado patrón, y lo que se estudia en estos juicios y lo que se trata de determinar es cómo fue este patrón de conducta respecto de las víctimas.
–Hubo un avance respecto al primer juicio, en 2006 a Miguel Etechecolatz, que fue el único imputado.
–Claro, por eso después de ese juicio yo propuse e hice un proyecto de ley que no fue sancionado que proponía la unificación por circuitos de centros clandestinos, no por centros. De todos modos, este juicio logró mostrar una cantidad de centros clandestinos con una mecánica determinada. Esto ya había sido anunciado en el año 1985 en el Juicio a las Juntas, con el plan sistemático. Pero lo que se pudo determinar en el juicio por el Circuito Camps es que ocurrió de una manera organizada, con la existencia de un plan que se llevó adelante y que incluía centros clandestinos, y que esos centros a su vez en muchos casos estaban articulados y que por ellos iban pasando las víctimas con distinto destino y distintas suertes. Todo eso se puede hacer cuando se investiga y se juzgan circuitos en lugar de centros aislados.
–La red de centros fue propia de la provincia de Buenos Aires…
–La provincia de Buenos Aires es el ámbito del país donde más centros hubo. Y entre que pasaron 35 años de los hechos y que se fue investigando separadamente, es mucho lo que se pierde, es mucho lo que se daña a las víctimas y es mucho lo que se daña a la sociedad cuando no se agiliza. Entonces la obligación es concentrar en la medida de lo posible todos los centros que se puedan. Eso es una responsabilidad de primera instancia, es una responsabilidad de los jueces que investigan. Nosotros lo que hacemos, a lo sumo, es unificar aquellas causas que recibimos y que están en condiciones. Pero también hay que entender que esto es el resultado de un proceso de aprendizaje de algo que no se estudió, porque ningún país se prepara para juzgar un genocidio, porque si pudiera prepararse no habría genocidios.
–En la sentencia del juicio utilizaron los conceptos del aparato organizado de poder y el de los deberes especiales de funcionario público, que parecen novedosos.
–Forman parte de una mirada que es el resultado del paso del tiempo. Cuando se hace el juicio a Etchecolatz, en adelante lo que se va viendo es como ir haciéndolo mejor y qué es lo más conveniente. Es todo un proceso que son estos nueve años que pasaron. Yo lo que creo es que uno de los avances importantes fue que estos juicios permiten tener un panorama mucho más completo de cómo funcionó la represión en el terrorismo de Estado, cómo se seleccionaron las víctimas, las razones por las cuales fueron seleccionadas, las razones de porqué termina en un genocidio un proyecto económico. Esto ya lo habíamos puesto en sentencias anteriores: en Argentina hubo un proyecto económico en el que se decidió que quien se opusiera iba a ser exterminado. Ahí existe el verdadero genocidio.
–El estudio del Circuito Camps derivó en advertir que corresponde condenar por genocidio.
–Que existió un genocidio ya lo habíamos dicho antes. En este caso dijimos que corresponde condenar por genocidio. Pero no se llegó a condenar, aunque el resultado es el mismo porque las penas serían las mismas, es decir, las perpetuas.
–¿La participación de los civiles es fundamental para la existencia de un genocidio?
–En realidad lo es en la práctica, porque en la teoría no se requiere que participen civiles. Pero la práctica histórica demuestra que es imposible cometer un genocidio sin la complicidad civil. Esto se demuestra históricamente en distintos países. Por ejemplo Rumania, como otros países, han colaborado con el nazismo, y la civilidad de esos lugares colaboró. Esto es importante, aunque por su puesto transpolarlo no sirve ni es posible porque cada genocidio tiene características típicas del proyecto del que deriva, pero lo concreto es que se trata de un exterminio masivo de gente, donde las víctimas son definidas por el propio perpetrador. Esa es una característica de los genocidios. Acá el grupo nacional está integrado por todas aquellas personas que fueron definidas por el perpetrador.
–En la sentencia por el Circuito Camps uno de los pedidos fue que los delitos sexuales se investiguen como torturas
–El pedido fue que se investiguen en el contexto en el que sucedieron. La tendencia académica tradicional es muy cerrada, muy dogmática y nadie aprendió a actuar frente a absurdos brutales como son las violaciones masivas a los Derechos Humanos. Estamos hablando de que la mujer que es abusada sexualmente en un centro clandestino de detención forma parte de un sistema de denigración del ser humano y no es lo mismo analizarlo como una violación común, aunque también es gravísima, porque se lo saca de contexto y lo que hay que lograr es lo contrario: que las cosas sean analizadas en el contexto. Y una de las esencias de estos procesos es la deshumanización de las víctimas, quebrarlos anímicamente, físicamente, darle el mensaje al resto de la sociedad de lo que le puede pasar. Es un proceso sumamente complejo pero que gracias a que la justicia argentina logró llevar adelante los juicios, es que se pudo comenzar a conocer más cosas de ese proceso, no solamente que murió o fue torturada gente.
–Después del fallo absolutorio por el caso de Marita Verón una de las cuestiones criticadas fue que no se tuvo en cuenta la palabra de los testigos. ¿Se puede trasladar la forma de valorar los testimonios en los juicios de lesa humanidad a los de trata?
–Tiene que ver con lo mismo y por eso está relacionado, porque en última instancia tiene que ver con la cosmovisión del juez. Si yo estoy escuchando una víctima de trata y considero que es una prostituta, la trato como tal y la desvalorizo desde mi mente y en el acto de tomarle declaración, yo estoy violando la ley, además de llegar a conclusiones erróneas, porque desvalorizo un testimonio porque desvalorizo a la persona que lo da. Y desvalorizo a esa persona por mis prejuicios, entonces todo eso es la negación de la justicia.
–¿En su opinión los casos de trata deberían ser abordados como situaciones especiales como los juicios de lesa humanidad?
–A tal punto debería serlo, que yo no sabía pero me enteré cuando salió la ley (NdeR: La Ley sobre Trata de Personas fue sancionada el 19 de diciembre pasado en el Congreso), que uno de los artículos incluye a las víctimas en cuanto al testimonio que van a dar, en la mecánica del código de procedimiento que se aplica a los niños víctimas de delitos sexuales, que es la ley que yo hice, que establece la cámara gessel y otras cosas. Esto significa que se logró tomar conciencia que la víctima de trata no es una persona a la que le robaron el reloj y que ya no se trata de respetarla como persona y como víctima, sino que va mucho más allá: se establecen mecanismos como es el de entrevistas a través de un sistema no traumatizante para lo cual hay que partir de la base de conocer qué tipo de víctima es, o reconocerla como un tipo de víctima especial. El desafío es que esa reconstrucción no signifique lastimar gente y se puede en la medida que se logre conjugar con el respetar el debido proceso de los imputados.
–¿Los delitos de trata, entonces, deberían ser juzgados con estos parámetros?
–Absolutamente, porque el fenómeno de trata es una violación a derechos esenciales y, además, por la propia característica que tiene el fenómeno las víctimas son notoriamente distintas que las víctimas del delito contra la propiedad. Entonces el sistema viene preparado para el derecho penal tradicional y hoy la realidad demuestra que hay que ir adaptando ese derecho penal y sobre todo el procesal penal, el procedimiento y el derecho de fondo, a ese nuevo conocimiento que hay desde hace 20 o 30 años, desde el aporte de la psicología y la sociología, pero aplicado a esto.
–Volviendo al fallo del Circuito Camps. ¿Cuál es el sentido del apartado sobre las "maniobras" del diario La Nación?
–Nosotros decidimos como tribunal dar luz sobre algo que estaba sucediendo y que significó una presión para nosotros y que no puede pasar desapercibida. Lo que estamos buscando todos en Argentina es trabajar tranquilos y eso en el caso de los jueces significa no ser presionados. En el caso, como figura en el veredicto, se ha intentado modificar criterios o influir en decisiones nuestras y eso no se puede tolerar, venga de donde venga. En este caso provino de un medio de prensa. Y no tolerarlo significa hacerlo público, porque sino funciona y se calla a la gente y se calla a los jueces. Es obligación ponerlo a la luz, con todos los costos que tiene.
–¿Su firma y la de los otros dos jueces del tribunal en la solicitada "Por una justicia legítima" va en el mismo sentido?
–Absolutamente. Esto es porque creo que en este momento hay espacio en Argentina, porque estos juicios pueden hacerse porque hay un espacio social que lo permite. No es una persona que lo permite, no es un juez, un fiscal, un testigo, sino que es un componente importante de la sociedad argentina que generó un espacio social que logró que 30 años después se terminara con la impunidad, desde el punto de vista legal primero, y ahora desde el punto de vista ético, porque ya no se trata de la posibilidad legal de juzgar sino del cumplimiento de toda la normativa que hace que en la práctica se esté juzgando. De modo que estos años son un momento histórico y esos espacios son los únicos que van a permitir tomar decisiones sobre cómo se democratiza la justicia. Porque el terrorismo de Estado atravesó toda la sociedad incluida la justicia: hubo complicidad de la justicia con el terrorismo de estado. Entonces darlo a la luz no solo es útil, sino que hay que modificar esa realidad. Está en discusión si la justicia es o no una corporación, pero lo malo no es la corporación como palabra, lo malo es cuando la corporación lo que hace es cerrarse hacia adentro, apañar jueces que han colaborado con la dictadura militar, oponerse a que haya una mirada más en perspectiva sobre qué es lo que está funcionando mal en una institución. Y eso son todas resistencias muy fuertes de instituciones muy cerradas como lo es la justicia y estamos en un proceso de apertura, que es doloroso, traumático, donde hay gente que no quiere, y lo que nosotros buscamos es que eso sea revertido.
–Tiene una mirada favorable a la democratización de la justicia…
–Absolutamente, es imprescindible.
–Muchas veces el Poder Judicial aparece muy alejado de la gente.
–Es una distancia fabricada a lo largo de la historia para poder mantener la misma protección de los intereses de los poderosos. Eso es lo que está empezando a cambiar, y es traumático o doloroso, pero hay que elaborarlo. Y el hecho de que el espacio que se generó en la sociedad permita empezar a discutir esos cambios es la garantía de que esos cambios pueden ser hechos y van a ser hechos.<<
*Publicado el 06.01.2013 en Tiempo Argentino
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