En 2013, la agenda judicial platense prevé tratar los expedientes por los crímenes cometidos contra los hermanos Iaccarino, la apropiación de Elena Gallimari Abinet y el secuestro de la hija de Estela de Carlotto, entre otros casos.
El centro clandestino de detención La Cacha debe su nombre a
la Bruja Cachavacha, el personaje infantil creado por García Ferré, que con su
"escoba que barre y borra" desaparecía a la gente. Funcionó durante
la dictadura cívico-militar detrás de la cárcel de Olmos, en La Plata, en una
casona de la ex planta transmisora de LS11 Radio Provincia, que el gobernador
bonaerense de facto Ibérico Saint Jean había cedido al Servicio Penitenciario
Bonaerense (SPB). Allí fueron secuestrados y torturados cientos de perseguidos
políticos. Allí funcionó una maternidad clandestina y se robaron bebés. Allí
vivieron sus últimas horas estudiantes, militantes, trabajadores,
profesionales.
El expediente que investiga esos crímenes es uno de los tres
juicios que este año realizará el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de
La Plata. Entre sus 128 víctimas están Laura Carlotto, hija de la titular de
Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto, cuyo bebé nació en ese centro y
permanece apropiado; Carlos Alaye, hijo de la madre de Plaza de Mayo de La
Plata Adelina de Alaye, y el juez federal y docente universitario desaparecido,
Antonio Bautista Bettini, padre del actual embajador argentino en España,
Carlos Bettini, entre tantas otras personas que fueron liberadas, asesinadas o
que continúan desaparecidas.
En el banquillo de los acusados habrá 16 imputados, entre
ellos, Jaime Lamont Smart, el primer ministro civil condenado en diciembre
pasado en el juicio del Circuito Camps, por el homicidio calificado de Jorge
Rubinstein, el abogado y mano derecha del empresario David Graiver.
Además, la agenda judicial platense de 2013 prevé los
debates por el secuestro, tortura y robo de sus empresas y bienes de los
hermanos Carlos y Alejandro Iaccarino, que tiene tres imputados de la Policía
Bonaerense; y por la apropiación de Elena Gallinari Abinet, nacida en 1976
durante el cautiverio de su mamá, María Leonor, e inscripta como hija propia
por un subcomisario de la policía provincial, quien fue recuperada por su
abuela en 1986.
Todos esos debates estarán a cargo del TOF Nº1. En ese
contexto, y luego del reciente pedido de elevación a juicio, la Fiscalía
Federal de La Plata, las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de
Nación y del embajador argentino en España Carlos Bettini y su familia, piden
que la causa por el asesinato de Marcelo Bettini y Luis Bearzi sean juzgados
junto con el expediente por La Cacha.
Los expedientes que este año llegarán a juicio son el Nº
3389/12, caratulado "Félix Pablo Crous s/dcia. (ccd La Cacha. Lisandro
Olmos 1977)"; el Nº 3361/12, "Iaccarino, Rodolfo José y otros
s/averiguación apropiación de bienes"; y el N° 3224/11, "Madrid,
Domingo Luis; Elichalt, María Mercedes y Kirilosky Silvia Marta s/retención y
ocultamiento de un menor de diez años, supresión y suposición de estado civil y
falsedad ideológica de documento público".
Las tres causas serán ventiladas por el tribunal presidido
por Carlos Rozanski e integrada por los jueces Pablo Jantus y Pablo Vega,
quienes en diciembre pasado fueron designados en la nueva composición del TOF1.
Aunque ninguna tiene aún fecha certera de inicio, fuentes de las querellas
indicaron que las causas por el secuestro de los hermanos Iaccarino y por la
apropiación comenzarían luego de marzo, mientras que anunciaron que esperan que
en el expediente por el centro La Cacha, el Tribunal fije el día de inicio
antes del comienzo de la feria de julio.
LA CACHA.
"Como ocurrió en otros centros clandestinos del país, como en La Perla en
Córdoba, el Servicio de Inteligencia del Ejército tenía incidencia en La
Cacha", explicó a Tiempo Argentino Emanuel Lovelli, quien junto a Colleen
Torres integra el equipo de abogados de la querella de Abuelas de Plaza de
Mayo.
Es que de los 15 imputados, nueve pertenecían al
Destacamento de Inteligencia del Ejército 101. Pero también están acusados
otros tres hombres del Personal Civil de Inteligencia, cuyos nombres fueron
inaccesibles durante más de 20 años, hasta que un decreto firmado por la
presidenta Cristina Fernández permitió conocer el listado.
El resto de los acusados son dos miembros del Servicio Penitenciario
Bonaerense, un ex ministro y un marino. En la causa también están imputados el
civil de inteligencia Aníbal Gauto y el militar Ricardo Von Kiauw, quienes se
encuentran prófugos y por cuyas capturas el Ministerio de Justicia ofrece $ 100
mil de recompensa. En tanto, a fines de 2012 fue capturado Miguel Ángel
Amigo, del destacamento 101, sobre quien la Cámara Federal debe resolver si
será juzgado en este debate.
La Cacha funcionó como centro clandestino de detención entre
1976 y 1978 en una casona de la ex planta transmisora de Radio Provincia,
ubicada junto al Penal de Olmos (entre la Unidad Nº1 y la Nº8 de mujeres),
junto a las vías del ferrocarril Belgrano, para lo que antes fue transferida al
SPB por un decreto del gobierno de facto. La edificación constaba de dos pisos
y un sótano que al finalizar la dictadura fueron demolidos para borrar toda
prueba. Tenía además un anexo al que llamaban "la cachavacha
superstar" o "la casita azul", donde de acuerdo a los
testimonios, los detenidos allí contaban con un régimen de libertad más amplio.
El año pasado, el Equipo Argentino de Antropología Forence encontró las bases
del subsuelo y restos de una picana. Todo el predio hoy está al cuidado de la
Secretaría de Derechos Humanos provincial.
"Era un lugar que estaba totalmente cubierto, tapiado,
trataban de que no entrara ni el más mínimo rayo de luz para que no se supiera
cuándo era de día o cuándo era de noche... Nosotros permanecíamos en silencio
la mayoría del tiempo", relató en la causa el sobreviviente Raúl Elizalde.
Por ese centro pasaron cientos de detenidos, muchos de los cuales no lograron
salir de allí con vida, y según quedó acreditado en la causa, ese lugar
funcionó como un enclave del Área Operacional 113 para perpetrar el genocidio
en la provincia. Allí también funcionó una maternidad clandestina. Una
investigación de Abuelas de Plaza de Mayo determinó que las mujeres embarazadas
eran trasladadas al hospital de la cárcel de mujeres para que dieran a luz, y
que allí nacieron, entre otros bebés robados, los mellizos Matías Ángel y
Gonzalo Javier Reggiardo Tolosa y Natalia Suárez Nelson.
La clave que permitió identificar la maternidad fueron los
testimonios de la partera Hilda Delgadillo y el médico César San Emeterio,
quienes lograron avisar a las familias de las detenidas desaparecidas que se
habían producido los nacimientos. Por esos actos solidarios, los dos
profesionales fueron secuestrados e ingresados a La Cacha, de donde no salieron
con vida. Ambos integran el listado de las víctimas que integran el expediente.
La causa, que comprende los crímenes cometidos en ese centro
durante 1977, fue elevada a juicio el 1 de junio de 2012. La acusación estará a
cargo de los fiscales federales Hernán Schapiro, y por las querellas de la
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Inti Pérez Aznar y
Hernán Navarro, abogados del colectivo Justicia Ya!, querellas particulares y
Abuelas de Plaza de Mayo.
LA APROPIACIÓN.
Elena Gallinari Abinet recuperó en 1987 a su familia y en 1994 su identidad.
Durante once años, desde su nacimiento en 1976, vivió con el subcomisario de la
Policía Bonaerense Domingo Luis Madrid y su esposa, María Mercedes Elichart,
quienes con la complicidad de la médica platense Silvia Kirilovski la anotaron
como su hija biológica. Pero la joven fue recuperada por su abuela Leonor
Alonso, quien inició una causa que la justicia termino considerando prescripta
y absolvió a los imputados. Pero Elena no estuvo conforme, y el 19 de abril de
2007 se presentó ante la justicia y con el argumento irreprochable de que los
crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, inició la causa judicial que
este año juzgará el TOF Nº1 de La Plata.
En el juicio, que las querellas esperan que comience
después de marzo, están acusados Madrid, Elichart y la médica Kirilovski,
acusada de fraguar la partida de nacimiento y el DNI.
Elena nació en 1976, dos meses después de que su madre, una
docente, militante gremial e integrante de Montoneros de la zona norte del
Conurbano, María Leonor Abinet, fuera secuestrada, el 16 de septiembre de 1976,
embarazada de siete meses. Su padre, Miguel Ángel Gallinari, un obrero
metalúrgico, delegado gremial y militante montonero, fue secuestrado en junio
de 1976 y logró escapar cuando era trasladado a Campo de Mayo. Pero la libertad
le duró poco: al mes siguiente fue capturado y aún permanece desaparecido.
Elena nació en cautiverio y fue entregada a Madrid por un
compañero de la Bonaerense. Sin embargo, el centro en el que su madre la trajo
a la vida es una incógnita, porque no hay sobrevivientes con los que la mujer
haya compartido su secuestro.
SECUESTRO Y ROBO.
La tercera causa que llegará a juicio este año es la que investiga el
secuestro, las torturas y el robo de bienes a los empresarios Carlos y
Alejandro Iaccarino.
En ese expediente, que fue elevado a juicio en marzo pasado,
están acusados el ex jefe de la Brigada de Lanús, Bruno Trevisán, y el ex
subjefe de esa dependencia de la Policía Bonaerense, Jorge Rómulo
Ferranti.
Las víctimas del proceso son los hermanos Alejandro
Iaccarino, Carlos Iaccarino y Rodolfo Iaccarino, ya fallecido, quienes se
dedicaban a la actividad empresaria. Fueron detenidos en noviembre de 1976 y
durante su cautiverio fueron obligados a desprenderse de campos y un avión,
venta forzosa para la que fueron llevados a la Brigada de Lanús en octubre de
1977, a pesar de que desde mayo habían sido trasladados y
"legalizados" en la Unidad 9 de La Plata. Allí, los represores los
obligaron a firmar el boleto de compraventa.
En el juicio, los ex policías deberán responder ante el TOF
Nº1 por esa venta a precio vil y por los delitos de privación ilegal de la
libertad y los tormentos que padecieron los hermanos Iaccarino. «
*Publicado el 21.01.2013 en TiempoArgentino.
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