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| Elena Gallinari Abinet (foto: Diagonales.com por Matías Adhemar) |
El Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata condenó ayer a diez años de prisión a Luis Madrid y su esposa María Mercedes Elichalt, por la apropiación de la primera nieta nacida en cautiverio y restituida a su familia biológica, Elena Gallinari Abinet. En tanto la médica Silvia Marta Kirilovsky fue sentenciada a cinco años y seis meses por firmar la partida de nacimiento falsa con la que fue inscripta la niña. En los tres casos, los jueces les imputaron a los acusados "complicidad en el genocidio cometido durante la dictadura al participar del traslado por la fuerza de un niño de un grupo a otro".
La sala estalló en un aplauso cuando los integrantes del Tribunal leyeron las condenas –por unanimidad– ayer, pasadas las 22:30. Los jueces ordenaron comunicar al Ministerio de Seguridad provincial el pedido de exoneración de Madrid de la Policía Bonaerense, pero no revocaron la excarcelación de la médica, que seguirá libre hasta que el fallo quede firme.
La querella de Abuelas de Plaza de Mayo había solicitado al Tribunal Oral Federal en lo Criminal Nº 1 de La Plata que condene a penas de 18 años de prisión en cárcel común al ex policía y su esposa y de ocho años para la médica que firmó la partida de nacimiento falsa. Los abogados de la asociación consideraron a los apropiadores de la menor como "coautores del delito de genocidio" y a la doctora como partícipe necesario.
La fiscalía pidió diez años para el apropiador, nueve para su mujer y cinco para la médica. Los pedidos fueron realizados durante la jornada de alegatos del debate en el que desde el lunes pasado, los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y Pablo Jantus juzgaban por la apropiación de la mujer a Domingo Luis Madrid, de 64 años, y su esposa María Mercedes Elichalt, de 62 años y por firmar la partida de nacimiento falsa con que la inscribieron como hija propia a la médica Silvia Marta Kirilovsky, de 68 años.
Durante todo el día, las víctimas, Elena Gallinari y sus familiares directos, estuvieron acompañados por militantes de organizaciones sociales, entre ellos, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto. En su pedido, los abogados de Abuelas, Emanuel Lovelli y Colleen Torre, consideraron que el matrimonio apropiador fue coautor de la "retención y ocultamiento de un menor de 10 años", la alteración del estado civil de la niña y la falsedad ideológica de documento público, es decir verter datos falsos para su partida de nacimiento y DNI al inscribirla como hija propia. Pero también los acusaron de ser "coautores del delito de genocidio en su modalidad de traslado de un menor de un grupo a otro", figura prevista en la Convención para la Prevención de los Genocidios que está incorporado a la Constitución Nacional, utilizada por ese mismo tribunal el año pasado en las condenas por la apropiación de Sebastián Casado Tasca. «
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