Desafectaron el destacamento de Arana*

La seccional policial en las afueras de La Plata funcionó como centro clandestino durante la dictadura. El gobierno bonaerense decidió su traslado, tras un pedido del tribunal que juzgó los crímenes en el denominado Circuito Camps.

“El Destacamento de Arana era un lugar de tortura permanente, de día y de noche. Era un infierno: ponían música a todo volumen y las descargas eléctricas se escuchaban en la radio. A veces traían tanta gente que se repartían y hacían también submarino en una bañera del baño.” La descripción que la ex detenida Cristina Gioglio hizo en el último juicio de La Plata resume el horror que cientos de personas vivieron en el centro clandestino de detención de Arana. Por esos relatos y por el pedido de las querellas, en la sentencia del juicio por el Circuito Camps el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 instó al Poder Ejecutivo Provincial a que convierta ese destacamento policial en un sitio de Memoria y, el 7 de enero pasado, la Dirección de Políticas Reparatorias de la Secretaría de Derechos Humanos provincial hizo el pedido formal al Ministerio de Seguridad y Justicia, que esta semana tomó nota y ordenó comenzar la  desafectación de la seccional ubicada en las afueras de La Plata.

En su sentencia del 19 de diciembre pasado, los jueces Carlos Rozanski, Roberto Falcone y Mario Portela instaron al Ejecutivo provincial "para que el 'Destacamento de Arana' y la 'Comisaría 5º de La Plata' que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar, sean destinados a sitios de 'La Memoria'". Esos pedidos habían sido realizados por las querellas y por el nieto recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo, Leonardo Fossati (Ver Aparte).

Tras ese pedido fue Derechos Humanos provincial quien tomó la posta. En una carta fechada el 7 de enero pidió al ministro de Seguridad y Justicia, Ricardo Blas Casal, "arbitrar los medios a su alcance para que autorice la desafectación" de ese ex centro clandestino ubicado en 640, entre 130 y 131, que todavía funciona como dependencia policial, la misma que tenía antes de que la Policía del coronel Ramón Camps y del comisario Miguel Etchecolatz, vieran en esa construcción alejada del centro platense el lugar ideal para convertirlo en un campo de detención, de torturas, homicidios y quema de cadáveres.

El miércoles pasado Casal tomó la decisión por la mañana. Fuentes de su cartera informaron a Tiempo Argentino que el ministro comunicó la decisión a la flamante Comisión de la Verdad Histórica del Ministerio de Justicia y Seguridad para que inicie los trabajos de "planeamiento para la desafectación y el traslado del destacamento".

"La desafectación es el primer paso para transformar el Pozo de Arana en un sitio de Memoria", explicó el director de Políticas Reparatorias de la Secretaría de Derechos Humanos, Matías Moreno. "Es un paso más en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia iniciado en 2003, cuando el gobierno asumió las demandas históricas de los organismos de Derechos Humanos para transformarlos en política de Estado."

El desalojo de ese ex centro se ubica en ese camino. El Destacamento de Arana fue señalizado como centro clandestino de detención el 25 de marzo de 2009, cinco meses después de que las excavaciones que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) realizó en el marco de la instrucción de la causa Nº11, que finalmente fue juzgada el año pasado por el TOF1 en el juicio por el Circuito Camps, descubrieran 10 mil fragmentos de restos óseos con signos de haber sido quemados con cubiertas de autos, unos 70 casquillos de distintos calibres, gran cantidad de balas y un paredón de fusilamiento con más de 200 impactos. Tras esos hallazgos, el Juzgado Penal Federal Nº 3 a cargo de Corazza solicitó al Ejecutivo el desalojo del destacamento, pero la provincia lo consideró inviable. La insistencia corrió por parte de los organismos de Derechos Humanos durante los años siguientes.

El destacamento policial de Arana Sección Cuatrerismo funcionó como centro clandestino entre mayo de 1976 y marzo de 1978. Una investigación realizada por la ex detenida desaparecida Adriana Calvo, cuyo testimonio en el juicio a Miguel Etchecolatz en 2006 fue incorporado en el juicio por el Circuito Camps por video debido a que la testigo falleció en 2010, logró identificar a 271 personas que permanecieron detenidas en Arana. De esas víctimas, 78 fueron asesinadas o desaparecidas, 117 liberadas y de otras 24 no se conoce su destino. Ese informe reveló también que allí nació un bebé cuyo destino se desconoce y que estuvieron secuestradas otras 51 personas de quienes no se sabe aún su identidad.

En mayo pasado, en el marco del proceso judicial, el TOF1 recorrió el centro clandestino junto a los sobrevivientes Walter Docters, Nilda Eloy, Nora Ungaro y María Cristina Gioglio. A ese campo, donde también estuvo secuestrado el testigo desaparecido Jorge Julio López, Docters lo definió como "el centro de exterminio más importante de la capital de la provincia" y un "símbolo de la represión". En el juicio declararon medio centenar de testigos por los hechos cometidos en Arana y de los 23 represores condenados, once recibieron castigo por su accionar en ese centro clandestino.«

EL RECLAMO DE UN NIETO RECUPERADO

En la sentencia en la que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 (TOF1) de La Plata condenó en diciembre pasado a 23 represores del Circuito Camps por los crímenes cometidos contra 280 víctimas en seis centros clandestinos de detención, también exhortó a la provincia de Buenos Aires a que "desafecte" los sitios donde funcionaron esos centros. El pedido había sido realizado en el juicio por un nieto recuperado.

En uno de los apartados de su veredicto, cuyos fundamentos serán leídos el 25 de marzo, los jueces resolvieron "exhortar al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, a fin que se desafecten las dependencias policiales que funcionaron como Centros Clandestinos de Detención durante la última dictadura cívico-militar, especialmente el 'Destacamento de Arana', la 'Comisaría 5ª de La Plata', la 'Brigada de San Justo', 'Puesto Vasco' que funcionó en la Subcomisaría de Don Bosco y el 'COTI Martínez'". Y puntualmente lo instó a que en el destacamento de Arana y la Comisaría 5ª sean convertidos en sitios de memoria.

El pedido había sido realizado durante los alegatos por las querellas y por el nieto recuperado Leonardo Fossati, a quien le permitieron hablar desde el estrado luego del alegato de las Abuelas de Plaza de Mayo. El joven, quien recuperó su identidad en 2005 y que según se demostró en el debate nació en la cocina de la Comisaría 5ª, donde su madre desaparecida estaba en cautiverio, pidió a los jueces que ordenen a la Provincia la desafectación de esa seccional y la de Arana para convertirlos en "sitios de memoria que defiendan la Memoria, la Verdad y la Justicia".

"Señores jueces, les quiero pedir encarecidamente por estos ex centros clandestinos de detención que fueron la Comisaría 5ª y el Destacamento de Arana. Les solicito que insten al Poder Ejecutivo a que desafecte los mismos, teniendo en cuenta todos los hechos que allí sucedieron", dijo Fossati en la audiencia del 21 de noviembre pasado.

El primer paso fue dado. La comisaría donde nació continúa en la actualidad en funciones en pleno casco fundacional de la ciudad, en Diagonal 74, entre 23 y 24, a metros del seminario mayor de La Plata, sobre cuyos funcionarios los jueces también ordenaron iniciar una investigación por los vínculos que mantenían con ese centro.

*Publicado el 28.01.2013 en Tiempo Argentino

El reclamo para la desafectación del ex ccd fue realizado durante años por el colectivo de organismos de DD.HH. Justicia Ya!: "Lo pedimos durante años, en el 2009 a nuestro pedido, lo 'instó' Corazza, se lo pedimos verbalmente y por carta. Lo solicitamos tres veces a lo largo del juicio Circuito Camps y en los alegatos. Lo resolvieron los jueces nuevamente en la sentencia del 19 de diciembre. Y parece que entonces el Gobierno de la Provincia por fin desafectó el CCD Destacamento de Arana, que a la fecha y a pesar de los restos humanos hallados en él, seguía funcionando como dependencia policial".

La Plata será escenario de tres juicios clave por delitos de lesa humanidad*

En 2013, la agenda judicial platense prevé tratar los expedientes por los crímenes cometidos contra los hermanos Iaccarino, la apropiación de Elena Gallimari Abinet y el secuestro de la hija de Estela de Carlotto, entre otros casos.

El centro clandestino de detención La Cacha debe su nombre a la Bruja Cachavacha, el personaje infantil creado por García Ferré, que con su "escoba que barre y borra" desaparecía a la gente. Funcionó durante la dictadura cívico-militar detrás de la cárcel de Olmos, en La Plata, en una casona de la ex planta transmisora de LS11 Radio Provincia, que el gobernador bonaerense de facto Ibérico Saint Jean había cedido al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Allí fueron secuestrados y torturados cientos de perseguidos políticos. Allí funcionó una maternidad clandestina y se robaron bebés. Allí vivieron sus últimas horas estudiantes, militantes, trabajadores, profesionales.

El expediente que investiga esos crímenes es uno de los tres juicios que este año realizará el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de La Plata. Entre sus 128 víctimas están Laura Carlotto, hija de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto, cuyo bebé nació en ese centro y permanece apropiado; Carlos Alaye, hijo de la madre de Plaza de Mayo de La Plata Adelina de Alaye, y el juez federal y docente universitario desaparecido, Antonio Bautista Bettini, padre del actual embajador argentino en España, Carlos Bettini, entre tantas otras personas que fueron liberadas, asesinadas o que continúan desaparecidas.

En el banquillo de los acusados habrá 16 imputados, entre ellos, Jaime Lamont Smart, el primer ministro civil condenado en diciembre pasado en el juicio del Circuito Camps, por el homicidio calificado de Jorge Rubinstein, el abogado y mano derecha del empresario David Graiver. 

Además, la agenda judicial platense de 2013 prevé los debates por el secuestro, tortura y robo de sus empresas y bienes de los hermanos Carlos y Alejandro Iaccarino, que tiene tres imputados de la Policía Bonaerense; y por la apropiación de Elena Gallinari Abinet, nacida en 1976 durante el cautiverio de su mamá, María Leonor, e inscripta como hija propia por un subcomisario de la policía provincial, quien fue recuperada por su abuela en 1986.

Todos esos debates estarán a cargo del TOF Nº1. En ese contexto, y luego del reciente pedido de elevación a juicio, la Fiscalía Federal de La Plata, las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y del embajador argentino en España Carlos Bettini y su familia, piden que la causa por el asesinato de Marcelo Bettini y Luis Bearzi sean juzgados junto con el expediente por La Cacha.

Los expedientes que este año llegarán a juicio son el Nº 3389/12, caratulado "Félix Pablo Crous s/dcia. (ccd La Cacha. Lisandro Olmos 1977)"; el Nº 3361/12, "Iaccarino, Rodolfo José y otros s/averiguación apropiación de bienes"; y el N° 3224/11, "Madrid, Domingo Luis; Elichalt, María Mercedes y Kirilosky Silvia Marta s/retención y ocultamiento de un menor de diez años, supresión y suposición de estado civil y falsedad ideológica de documento público".

Las tres causas serán ventiladas por el tribunal presidido por Carlos Rozanski e integrada por los jueces Pablo Jantus y Pablo Vega, quienes en diciembre pasado fueron designados en la nueva composición del TOF1. Aunque ninguna tiene aún fecha certera de inicio, fuentes de las querellas indicaron que las causas por el secuestro de los hermanos Iaccarino y por la apropiación comenzarían luego de marzo, mientras que anunciaron que esperan que en el expediente por el centro La Cacha, el Tribunal fije el día de inicio antes del comienzo de la feria de julio.

LA CACHA. "Como ocurrió en otros centros clandestinos del país, como en La Perla en Córdoba, el Servicio de Inteligencia del Ejército tenía incidencia en La Cacha", explicó a Tiempo Argentino Emanuel Lovelli, quien junto a Colleen Torres integra el equipo de abogados de la querella de Abuelas de Plaza de Mayo.

Es que de los 15 imputados, nueve pertenecían al Destacamento de Inteligencia del Ejército 101. Pero también están acusados otros tres hombres del Personal Civil de Inteligencia, cuyos nombres fueron inaccesibles durante más de 20 años, hasta que un decreto firmado por la presidenta Cristina Fernández permitió conocer el listado.

El resto de los acusados son dos miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense, un ex ministro y un marino. En la causa también están imputados el civil de inteligencia Aníbal Gauto y el militar Ricardo Von Kiauw, quienes se encuentran prófugos y por cuyas capturas el Ministerio de Justicia ofrece $ 100 mil  de recompensa. En tanto, a fines de 2012 fue capturado Miguel Ángel Amigo, del destacamento 101, sobre quien la Cámara Federal debe resolver si será juzgado en este debate. 

La Cacha funcionó como centro clandestino de detención entre 1976 y 1978 en una casona de la ex planta transmisora de Radio Provincia, ubicada junto al Penal de Olmos (entre la Unidad Nº1 y la Nº8 de mujeres), junto a las vías del ferrocarril Belgrano, para lo que antes fue transferida al SPB por un decreto del gobierno de facto. La edificación constaba de dos pisos y un sótano que al finalizar la dictadura fueron demolidos para borrar toda prueba. Tenía además un anexo al que llamaban "la cachavacha superstar" o "la casita azul", donde de acuerdo a los testimonios, los detenidos allí contaban con un régimen de libertad más amplio. El año pasado, el Equipo Argentino de Antropología Forence encontró las bases del subsuelo y restos de una picana. Todo el predio hoy está al cuidado de la Secretaría de Derechos Humanos provincial.

"Era un lugar que estaba totalmente cubierto, tapiado, trataban de que no entrara ni el más mínimo rayo de luz para que no se supiera cuándo era de día o cuándo era de noche... Nosotros permanecíamos en silencio la mayoría del tiempo", relató en la causa el sobreviviente Raúl Elizalde. Por ese centro pasaron cientos de detenidos, muchos de los cuales no lograron salir de allí con vida, y según quedó acreditado en la causa, ese lugar funcionó como un enclave del Área Operacional 113 para perpetrar el genocidio en la provincia. Allí también funcionó una maternidad clandestina. Una investigación de Abuelas de Plaza de Mayo determinó que las mujeres embarazadas eran trasladadas al hospital de la cárcel de mujeres para que dieran a luz, y que allí nacieron, entre otros bebés robados, los mellizos Matías Ángel y Gonzalo Javier Reggiardo Tolosa y Natalia Suárez Nelson. 

La clave que permitió identificar la maternidad fueron los testimonios de la partera Hilda Delgadillo y el médico César San Emeterio, quienes lograron avisar a las familias de las detenidas desaparecidas que se habían producido los nacimientos. Por esos actos solidarios, los dos profesionales fueron secuestrados e ingresados a La Cacha, de donde no salieron con vida. Ambos integran el listado de las víctimas que integran el expediente.  

La causa, que comprende los crímenes cometidos en ese centro durante 1977, fue elevada a juicio el 1 de junio de 2012. La acusación estará a cargo de los fiscales federales Hernán Schapiro, y por las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Inti Pérez Aznar y Hernán Navarro, abogados del colectivo Justicia Ya!, querellas particulares y Abuelas de Plaza de Mayo. 

LA APROPIACIÓN. Elena Gallinari Abinet recuperó en 1987 a su familia y en 1994 su identidad. Durante once años, desde su nacimiento en 1976, vivió con el subcomisario de la Policía Bonaerense Domingo Luis Madrid y su esposa, María Mercedes Elichart, quienes con la complicidad de la médica platense Silvia Kirilovski la anotaron como su hija biológica. Pero la joven fue recuperada por su abuela Leonor Alonso, quien inició una causa que la justicia termino considerando prescripta y absolvió a los imputados. Pero Elena no estuvo conforme, y el 19 de abril de 2007 se presentó ante la justicia y con el argumento irreprochable de que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, inició la causa judicial que este año juzgará el TOF  Nº1 de La Plata.

 En el juicio, que las querellas esperan que comience después de marzo, están acusados Madrid, Elichart y la médica Kirilovski, acusada de fraguar la partida de nacimiento y el DNI.  

Elena nació en 1976, dos meses después de que su madre, una docente, militante gremial e integrante de Montoneros de la zona norte del Conurbano, María Leonor Abinet, fuera secuestrada, el 16 de septiembre de 1976, embarazada de siete meses. Su padre, Miguel Ángel Gallinari, un obrero metalúrgico, delegado gremial y militante montonero, fue secuestrado en junio de 1976 y logró escapar cuando era trasladado a Campo de Mayo. Pero la libertad le duró poco: al mes siguiente fue capturado y aún permanece desaparecido.

Elena nació en cautiverio y fue entregada a Madrid por un compañero de la Bonaerense. Sin embargo, el centro en el que su madre la trajo a la vida es una incógnita, porque no hay sobrevivientes con los que la mujer haya compartido su secuestro.

SECUESTRO Y ROBO. La tercera causa que llegará a juicio este año es la que investiga el secuestro, las torturas y el robo de bienes a los empresarios Carlos y Alejandro Iaccarino. 

En ese expediente, que fue elevado a juicio en marzo pasado, están acusados el ex jefe de la Brigada de Lanús, Bruno Trevisán, y el ex subjefe de esa dependencia de la Policía Bonaerense, Jorge Rómulo Ferranti. 

Las víctimas del proceso son los hermanos Alejandro Iaccarino, Carlos Iaccarino y Rodolfo Iaccarino, ya fallecido, quienes se dedicaban a la actividad empresaria. Fueron detenidos en noviembre de 1976 y durante su cautiverio fueron obligados a desprenderse de campos y un avión, venta forzosa para la que fueron llevados a la Brigada de Lanús en octubre de 1977, a pesar de que desde mayo habían sido trasladados y "legalizados" en la Unidad 9 de La Plata. Allí, los represores los obligaron a firmar el boleto de compraventa. 

En el juicio, los ex policías deberán responder ante el TOF Nº1 por esa venta a precio vil y por los delitos de privación ilegal de la libertad y los tormentos que padecieron los hermanos Iaccarino.  «

*Publicado el 21.01.2013 en TiempoArgentino.

Zulema Peña, Madre de Plaza de Mayo. Presente.

Zulema Castro de Peña era profesora de piano y de música en el Instituto Gilardo Gilardi y en la Escuela Normal Nº3 de La Plata, y luego de la desaparición de sus hijos se convirtió en una de las primeras mujeres de pañuelos blancos en girar alrededor de  la pirámide de Mayo. Sus hijos eran militantes políticos y los había criado con consciencia social y amor al prójimo, junto con su marido, Isidoro Peña, uno de los fundadores de la Asamblea Permanente por los Derechos Humamos.

“Desde el principio fue Madre de Plaza de Mayo. Una de las casas en las que se hacían las primeras reuniones en La Plata  era  la de (Nelva, la mamá de la chica desaparecida en la Noche de los Lápices, Claudia) Falcone y la otra era la de ella”, la recuerda Marta Ungaro, compañera y amiga de Zulema y hermana de Horacio, otro de los estudiantes secundarios secuestrados en el operativo del 16 de septiembre de 1976.

El 7 de junio de 2010, once días antes de cumplir 90 años, Zulema Peña declaró ante el Tribunal Oral Federal Nº2 en el segundo juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el circuito de centros clandestinos del Primer Cuerpo del Ejército Atlético, Banco y Olimpo (conocido como ABO2) por el secuestro, desaparición y hallazgo de los restos de sus hijos Isidoro y Jesús Peña.

Zulema era una mujer fuerte y cuando le tocó declarar fue sola, sin avisar a nadie.

“Murió a los 92 años, pero era muy activa. Hace dos años fue sola a declarar al juicio por ABO, no quiso que nadie la acompañe. Y en la declaración se descompuso y la tuvieron que internar. Pero cuando se compuso, salió y le tuvieron que seguir tomando declaración. Era muy fuerte”, la recuerda Marta Ungaro.

En ese juicio fueron condenados a 25 y 18 años de prisión Pedro "Calculín" Godoy y del ex militar Alfredo Feito.

Tras su secuestro, los hijos de Zulema fueron vistos en los centros clandestinos del Banco y Olimpo a principios de diciembre de 1978. Días después, sus restos fueron hallados en la costa atlántica, pero fueron sepultados como NN en distintos cementerios municipales. Permanecieron desaparecidos hasta agosto de 2007, cuando sus restos fueron recuperados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que, además, estableció que habían sido asesinados en uno de los “vuelos de la muerte”.

Pero su lucha por la memoria, la verdad y la justicia no le impidió seguir siendo la mujer dulce que todos recuerdan y que no dejó de tocar el piano hasta último momento.

Y la última fiesta de fin de año Zulema lo pasó con su familia: su hija Zulemita y sus nietos dos de 6 y 12 años que viajaron desde Europa y el hijo de su hijo Isidro, de 45, la visitó con su bisnieta, de dos años.

Tantas emociones repercutieron en su salud. “Menos mal que viniste, me cambiaste el humor”, le confesó hace doce días a su amiga, la reportera Eva Cabrera, que pasó a saludarla por el año nuevo. La Madre estaba con fiebre y decaída.

PRESENTES. Zulema tenía tres hijos. La menor, Zulema, tenía 14 años cuando el genocidio le arrebató a sus hermanos, y hoy concertista de piano y vive en Lausanna, Suiza. Los mayores, Jesús e Isidoro están desaparecidos. Ambos eran militantes políticos y fueron secuestrados en 1978, uno en La Plata y otro en Capital, con muy pocos días de diferencia.

Jesús tenía 35 años, estaba casado y estudiaba sociología en La Plata, pero se fue con su familia a vivir a Buenos Aires. Trabajaba con los tableros electrónicos de los barcos en el puerto. Vivía en el piso 19 de un edificio enfrente de Retiro y el 27 de junio, dos días después de la final del Mundial ’78, fue secuestrado en La Plata.

Isidoro tenía 29 años y también estaba casado. Era técnico electrónico, estudiaba ingeniería y trabajaba en Buenos Aires, vendiendo cursos de inglés con libros y cassetes. A las dos semanas de que se lo llevaran a su hermano, el 10 de julio, Isidoro fue secuestrado en la calle, mientras trabajaba.

Los hermanos Peña fueron vistos en los centros clandestinos del Banco y el Olimpo a principios de diciembre de 1978.

Zulema murió hoy a los 92 años. Como todos los días se despertó temprano y pidió que le preparen un té. Lo tomó en la cama y, serena, cerró los ojos. Eran las 8.20. 

Foto: Eva Cabrera

Entrevista al juez Carlos Rozanski

"Hubo complicidad de la justicia con el terrorismo de Estado"*

El magistrado repasa el fallo del Circuito Camps, habla sobre trata y la democratización de la justicia.

Foto: Matías Adhemar.

"En Argentina hubo un proyecto económico en el que se decidió que quien se opusiera iba a ser exterminado. Eso es el verdadero genocidio." En las últimas dos sentencias por juicios por crímenes de lesa humanidad que firmó el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 de La Plata, Carlos Rozanski, las condenas fueron por el delito internacional de genocidio que sanciona la Convención para la Prevención de la ONU a la que Argentina suscribió a mediados del siglo pasado e incorporó a la Constitución en la última reforma.
En una entrevista con Tiempo Argentino el juez platense analizó la sentencia y la utilización de ese concepto en la condena a 16 represores a prisión perpetua por 33 homicidios –entre quienes se encuentra un civil, el ex ministro de gobierno de la Provincia, Jaime Lamont Smart, por el asesinato de Jorge Rubinstein, la mano derecha de David Graiver– y por los secuestros y torturas cometidas durante la dictadura cívico militar en seis de los centros clandestinos de detención que manejaba la Policía Bonaerense que se conoció como Circuito Camps.
Luego de un año y tres meses de debate por el que pasaron más de 400 testigos, se inspeccionaron cinco centros clandestinos y se escucharon miles de historias de secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos, el 19 de diciembre pasado el TOF1 de La Plata condenó a 23 represores por los crímenes del Circuito Camps, cuyos fundamentos serán leídos en marzo. El último día antes de iniciar la feria judicial, Rozanski analizó el juicio que acababa de concluir y sostuvo que en la sentencia, aunque se condenó por delitos del código penal tradicional, correspondía condenar por genocidio.
La sentencia se produjo sobre un final de año álgido en el que la justicia estuvo en la mira de la sociedad: a las once absoluciones por el rapto de Marita Verón se sumaron las sentencias y las cautelares por la Ley de Medios, por lo que la discusión sobre la independencia judicial y las presiones a la justicia quedó en primera plana. Por todo eso, el juez platense también comparó los juicios de lesa humanidad con los del delito de trata; explicó la importancia de dar a luz las presiones que sufrió el Tribunal a través de los editoriales del diario La Nación y subrayó la necesidad de la democratización de la justicia.
"Lo malo no es la corporación como palabra, lo malo es cuando la corporación lo que hace es cerrarse hacia adentro, apañar jueces que han colaborado con la dictadura militar, oponerse a que haya una mirada más en perspectiva sobre qué es lo que está funcionando mal en una institución", resumió Rozanski.

–¿Qué importancia tienen las condenas del Circuito Camps para los procesos de lesa humanidad y como hecho histórico?
–La importancia del Circuito que se juzgó fue la de unificar causas de distintos centros clandestinos. Primero por cuestiones de tiempo, porque las víctimas tienen que declarar una y otra vez si se juzga por separado, lo cual es una locura. Segundo, porque los hechos en general en un circuito de centros clandestinos no son aislados sino que responden a un determinado patrón, y lo que se estudia en estos juicios y lo que se trata de determinar es cómo fue este patrón de conducta respecto de las víctimas.
–Hubo un avance respecto al primer juicio, en 2006 a Miguel Etechecolatz, que fue el único imputado.  
–Claro, por eso después de ese juicio yo propuse e hice un proyecto de ley que no fue sancionado que proponía la unificación por circuitos de centros clandestinos, no por centros. De todos modos, este juicio logró mostrar una cantidad de centros clandestinos con una mecánica determinada. Esto ya había sido anunciado en el año 1985 en el Juicio a las Juntas, con el plan sistemático. Pero lo que se pudo determinar en el juicio por el Circuito Camps  es que ocurrió de una manera organizada, con la existencia de un plan que se llevó adelante y que incluía centros clandestinos, y que esos centros a su vez en muchos casos estaban articulados y que por ellos iban pasando las víctimas con distinto destino y distintas suertes. Todo eso se puede hacer cuando se investiga y se juzgan circuitos en lugar de centros aislados.
–La red de centros fue propia de la provincia de Buenos Aires…
–La provincia de Buenos Aires es el ámbito del país donde más centros hubo. Y entre que pasaron 35 años de los hechos y que se fue investigando separadamente, es mucho lo que se pierde, es mucho lo que se daña a las víctimas y es mucho lo que se daña a la sociedad cuando no se agiliza. Entonces la obligación es concentrar en la medida de lo posible todos los centros que se puedan. Eso es una responsabilidad de primera instancia, es una responsabilidad de los jueces que investigan. Nosotros lo que hacemos, a lo sumo, es unificar aquellas causas que recibimos y que están en condiciones. Pero también hay que entender que esto es el resultado de un proceso de aprendizaje de algo que no se estudió, porque ningún país se prepara para juzgar un genocidio, porque si pudiera prepararse no habría genocidios.
–En la sentencia del juicio utilizaron los conceptos del aparato organizado de poder y el de los deberes especiales de funcionario público, que parecen novedosos.
–Forman parte de una mirada que es el resultado del paso del tiempo. Cuando se hace el juicio a Etchecolatz, en adelante lo que se va viendo es como ir haciéndolo mejor y qué es lo más conveniente. Es todo un proceso que son estos nueve años que pasaron. Yo lo que creo es que uno de los avances importantes fue que estos juicios permiten tener un panorama mucho más completo de cómo funcionó la represión en el terrorismo de Estado, cómo se seleccionaron las víctimas, las razones por las cuales fueron seleccionadas, las razones de porqué termina en un genocidio un proyecto económico. Esto ya lo habíamos puesto en sentencias anteriores: en Argentina hubo un proyecto económico en el que se decidió que quien se opusiera iba a ser exterminado. Ahí existe el verdadero genocidio.
–El estudio del Circuito Camps derivó en advertir que corresponde condenar por genocidio.
–Que existió un genocidio ya lo habíamos dicho antes. En este caso dijimos que corresponde condenar por genocidio. Pero no se llegó a condenar, aunque el resultado es el mismo porque las penas serían las mismas, es decir, las perpetuas.
–¿La participación de los civiles es fundamental para la existencia de un genocidio?
–En realidad lo es en la práctica, porque en la teoría no se requiere que participen civiles. Pero la práctica histórica demuestra que es imposible cometer un genocidio sin la complicidad civil. Esto se demuestra históricamente en distintos países. Por ejemplo Rumania, como otros países, han colaborado con el nazismo, y la civilidad de esos lugares colaboró. Esto es importante, aunque por su puesto transpolarlo no sirve ni es posible porque cada genocidio tiene características típicas del proyecto del que deriva, pero lo concreto es que se trata de un exterminio masivo de gente, donde las víctimas son definidas por el propio perpetrador. Esa es una característica de los genocidios. Acá el grupo nacional está integrado por todas aquellas personas que fueron definidas por el perpetrador.
 –En la sentencia por el Circuito Camps uno de los pedidos fue que los delitos sexuales se investiguen como torturas
–El pedido fue que se investiguen en el contexto en el que sucedieron. La tendencia académica tradicional es muy cerrada, muy dogmática y nadie aprendió a actuar frente a absurdos brutales como son las violaciones masivas a los Derechos Humanos. Estamos hablando de que la mujer que es abusada sexualmente en un centro clandestino de detención forma parte de un sistema de denigración del ser humano y no es lo mismo analizarlo como una violación común, aunque también es gravísima, porque se lo saca de contexto y lo que hay que lograr es lo contrario: que las cosas sean analizadas en el contexto. Y una de las esencias de estos procesos es la deshumanización de las víctimas, quebrarlos anímicamente, físicamente, darle el mensaje al resto de la sociedad de lo que le puede pasar. Es un proceso sumamente complejo pero que gracias a que la justicia argentina logró llevar adelante los juicios, es que se pudo comenzar a conocer más cosas de ese proceso, no solamente que murió o fue torturada gente.
–Después del fallo absolutorio por el caso de Marita Verón una de las cuestiones criticadas fue que no se tuvo en cuenta la palabra de los testigos. ¿Se puede trasladar la forma de valorar los testimonios en los juicios de lesa humanidad a los de trata?
–Tiene que ver con lo mismo y por eso está relacionado, porque en última instancia tiene que ver con la cosmovisión del juez. Si yo estoy escuchando una víctima de trata y considero que es una prostituta, la trato como tal y la desvalorizo desde mi mente y en el acto de tomarle declaración, yo estoy violando la ley, además de llegar a conclusiones erróneas, porque desvalorizo un testimonio porque desvalorizo a la persona que lo da. Y desvalorizo a esa persona por mis prejuicios, entonces todo eso es la negación de la justicia.
–¿En su opinión los casos de trata deberían ser abordados como situaciones especiales como los juicios de lesa humanidad?
–A tal punto debería serlo, que yo no sabía pero me enteré cuando salió la ley (NdeR: La Ley sobre Trata de Personas fue sancionada el 19 de diciembre pasado en el Congreso), que uno de los artículos incluye a las víctimas en cuanto al testimonio que van a dar, en la mecánica del código de procedimiento que se aplica a los niños víctimas de delitos sexuales, que es la ley que yo hice, que establece la cámara gessel y otras cosas. Esto significa que se logró tomar conciencia que la víctima de trata no es una persona a la que le robaron el reloj y que ya no se trata de respetarla como persona y como víctima, sino que va mucho más allá: se establecen mecanismos como es el de entrevistas a través de un sistema no traumatizante para lo cual hay que partir de la base de conocer qué tipo de víctima es, o reconocerla como un tipo de víctima especial. El desafío es que esa reconstrucción no signifique lastimar gente y se puede en la medida que se logre conjugar con el respetar el debido proceso de los imputados.
–¿Los delitos de trata, entonces, deberían ser juzgados con estos parámetros?
–Absolutamente, porque el fenómeno de trata es una violación a derechos esenciales y, además, por la propia característica que tiene el fenómeno las víctimas son notoriamente distintas que las víctimas del delito contra la propiedad. Entonces el sistema viene preparado para el derecho penal tradicional y hoy la realidad demuestra que hay que ir adaptando ese derecho penal y sobre todo el procesal penal, el procedimiento y el derecho de fondo, a ese nuevo conocimiento que hay desde hace 20 o 30 años, desde el aporte de la psicología y la sociología, pero aplicado a esto.
–Volviendo al fallo del Circuito Camps. ¿Cuál es el sentido del apartado sobre las "maniobras" del diario La Nación?
–Nosotros decidimos como tribunal dar luz sobre algo que estaba sucediendo y que significó una presión para nosotros y que no puede pasar desapercibida. Lo que estamos buscando todos en Argentina es trabajar tranquilos y eso en el caso de los jueces significa no ser presionados. En el caso, como figura en el veredicto, se ha intentado modificar criterios o influir en decisiones nuestras y eso no se puede tolerar, venga de donde venga. En este caso provino de un medio de prensa. Y no tolerarlo significa hacerlo público, porque sino funciona y se calla a la gente y se calla a los jueces. Es obligación ponerlo a la luz, con todos los costos que tiene.
–¿Su firma y la de los otros dos jueces del tribunal en la solicitada "Por una justicia legítima" va en el mismo sentido?
–Absolutamente. Esto es porque creo que en este momento hay espacio en Argentina, porque estos juicios pueden hacerse porque hay un espacio social que lo permite. No es una persona que lo permite, no es un juez, un fiscal, un testigo, sino que es un componente importante de la sociedad argentina que generó un espacio social que logró que 30 años después se terminara con la impunidad, desde el punto de vista legal primero, y ahora desde el punto de vista ético, porque ya no se trata de la posibilidad legal de juzgar sino del cumplimiento de toda la normativa que hace que en la práctica se esté juzgando. De modo que estos años son un momento histórico y esos espacios son los únicos que van a permitir tomar decisiones sobre cómo se democratiza la justicia. Porque el terrorismo de Estado atravesó toda la sociedad incluida la justicia: hubo complicidad de la justicia con el terrorismo de estado. Entonces darlo a la luz no solo es útil, sino que hay que modificar esa realidad. Está en discusión si la justicia es o no una corporación, pero lo malo no es la corporación como palabra, lo malo es cuando la corporación lo que hace es cerrarse hacia adentro, apañar jueces que han colaborado con la dictadura militar, oponerse a que haya una mirada más en perspectiva sobre qué es lo que está funcionando mal en una institución. Y eso son todas resistencias muy fuertes de instituciones muy cerradas como lo es la justicia y estamos en un proceso de apertura, que es doloroso, traumático, donde hay gente que no quiere, y lo que nosotros buscamos es que eso sea revertido.
–Tiene una mirada favorable a la democratización de la justicia…
–Absolutamente, es imprescindible.
–Muchas veces el Poder Judicial aparece muy alejado de la gente.
–Es una distancia fabricada a lo largo de la historia para poder mantener la misma protección de los intereses de los poderosos. Eso es lo que está empezando a cambiar, y es traumático o doloroso, pero hay que elaborarlo. Y el hecho de que el espacio que se generó en la sociedad permita empezar a discutir esos cambios es la garantía de que esos cambios pueden ser hechos y van a ser hechos.<<

*Publicado el 06.01.2013 en Tiempo Argentino

Forros

La educación importa más que el forro

La propuesta de la legisladora porteña María José Lubertino de proveer preservativos a los alumnos de sexto y séptimo grado levantó un vendaval de opiniones sesudas, dictámenes sanguíneos, quejas ofuscadas, asombros ruborizados y québarbaridades varias. Sin embargo, para los dos sexólogos consultados por Diagonales todo se reduce a un solo problema: que la aplicación de las leyes de educación sexual se hagan efectivas. Se trata del médico Juan Carlos Kusnetzoff y el psicoterapeuta León Gindín, quienes aseguraron que entregar o no preservativos es una cuestión secundaria. También coincidieron en que la polémica colaboró a que se hable de la sexualidad, un tema que aún cuesta que deje, definitivamente, de ser tabú. (Leer nota completa, click acá!)

La voz y la imagen de López estará presente en otro juicio

La voz y la imagen del desaparecido Jorge Julio López podrían volver a escucharse y verse en el próximo juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Comisaría Quinta y el resto del  Circuito Camps. Es que una parte de la querella pidió que sean incorporados por proyección de video los testimonios que el testigo desaparecido brindó en el juicio en el que fue condenado Miguel Osvaldo Etchecolatz y en el que la ex detenida desaparecida recientemente fallecida Adriana Calvo expuso en el debate que sentenció al cura Cristian Von Wernich. La solicitud de incorporar las filmaciones está a la espera de ser aceptada como prueba por el Tribunal Oral Federal Nº 1.

En el pedido de incorporación de prueba, los querellantes solicitaron suplantar la incorporación “por lectura” de las declaraciones por dos piezas audiovisuales registradas en los juicios a Etchecolatz, condenado a prisión perpetua el 19 de septiembre de 2006 y a Von Wernich, sentenciado a reclusión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua el 9 de octubre de 2007.

Nota completa acá 

Inmigrantes: Rooney y la policía

Rooney es el hermano de Sandra Ayala Gamboa, la chica violada y asesinada en febrero de 2007 en una casona del Ministerio de Economía de la Provincia (hoy de Arba). 

El flaco nació en Ancón, un pueblo de la costa de Perú y jugó de 9 en la reserva de Alianza Lima. Ahí lo bautizaron con el nombre del delantero inglés. Hace tres años vino para acompañar a su mamá, Neli, que se instaló en La Plata hace cuatro años para pedir justicia por su hija. 

Rooney es profe de futbol infantil en Berisso y estudia trabajo social. Pero el fin de semana en una clásica averiguación de antecedentes dos policías lo fajaron en pleno centro cuando salía de un cumpleaños. Lo golpearon por portación de cara y rajaron cuando se dieron cuenta quién era.

Quedó asustado, pero igual hizo la denuncia. 

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Michael Felipe "Rooney" Ayala Gamboa