Masacre de Budge: el primer “gatillo fácil”

En 1987 tres policías fusilaron a tres jóvenes.
La movilización barrial logró condenarlos

Agustín “El Negro” Olivera, de 26 años, Oscar Aredes, de 19, y Roberto “Willy” Argañaraz, de 24, fueron acribillados a disparos por efectivos de la Policía Bonaerense una tarde de 1987 en una esquina de Ingeniero Budge. El crimen fue conocido como la “Masacre de Budge” y detonó el primer caso de movilización barrial que logró la condena de los tres policías fusiladores y bajó el umbral de tolerancia a la impunidad. El abogado León Zimmerman representó a las familias de las víctimas y, retomando al periodista Rodolfo Walsh, acuñó el término “gatillo fácil”, que definió desde entonces los crímenes policiales que, desde el retorno de la democracia, se repetían en el país.(Nota completa>>)
El 8 de mayo de 1987, a las siete de la tarde, tres suboficiales de la Policía acribillaron a balazos a tres amigos que conversaban y tomaban una cerveza en una ochava de la esquina de Guaminí y Figueredo, en Ingeniero Budge. Willy, el Negro y Oscar fueron ultimados a tres cuadras del Camino Negro y a tres del Riachuelo, en la periferia de Lomas de Zamora, en el borde de la Capital Federal.
Agustín Olivera era el más grande de los amigos, y vivía de changas. Le pegaron 12 balazos, siete en la espalda. Roberto Argañaraz, trabajaba en una curtiembre de Valentín Alsina. Recibió 10 balazos. Siete tiros le dieron a Oscar Aredes, el más chico, que trabajaba en una fábrica de plásticos en Flores.
El suboficial mayor Juan Ramón Balmaceda y los cabos primero Isidro Romero y Jorge Miño repitieron lo mismo desde el primer minuto: que todo ocurrió durante un tiroteo.
Pero la mentira iba a durar poco. Esa tarde ya estaba oscuro cuando los treinta balazos cayeron sobre los tres pibes. Pero el farol de la calle alumbraba un poco y todavía había movimiento en la cuadra. Había mucha gente mirando y escuchando: un verdulero y una clienta; dos mujeres de la vidriería, un albañil en la puerta de su casa. Y dos civiles que habían llegado con los propios policías.
Demasiados testigos para que la mentira fuera creíble. Demasiada gente para apretar para que se calle.
El “perro”, como los uniformados llaman en la jerga al arma plantada, apareció inmediatamente en la escena del crimen. Pero no bastó: la Justicia probó que los jóvenes no se resistieron ni dispararon un solo tiro.

LA MASACRE. Ese viernes 8 de mayo, el Negro y Willy habían empezado a tomar cerveza desde temprano. Cuando la tarde empezaba a declinar, los dos amigos –con Daniel Mortes, otro conocido– pasaron por el bar La Angiulina, en Mosotti y Campoamor, pero discutieron con la dueña que no los quiso atender, patearon la puerta del negocio y se rompió un vidrio.
Apenas llegó el hijo de la dueña del bar fue a la comisaría, ubicada en el arco del Puente La Noria, para denunciar a esos tres ya que los conocía. En una Ford F100 y en un Fiat 125 amarillo, cuatro policías salieron para el boliche con el hijo de la dueña y un cliente.
En el camino, se llevaron detenido al amigo del Negro y Willy, que había vuelto a su trabajo. Lo levantaron en el depósito en el que era empleado.
Desde el bar, los policías salieron a buscar a los otros dos. En la esquina de Figueredo y Guaminí, clavaron los frenos: allí estaban el Negro, Willy y Oscar tomando una cerveza. A Mortes y al cliente del bar, que iba como testigo, los hicieron tirarse al piso.
Balmaceda fue el primero en bajar. “¡Al suelo, señores!”, gritó el suboficial mayor.
Pero apenas hizo un paso, tropezó y salió el primer tiro de su pistola reglamentaria.
Detrás de ese disparo –quizá realizado por accidente– llegó la lluvia de plomo y la masacre.
Romero disparó con una ametralladora. Miño con su 9 milímetros.
Cuando la lluvia de balas les cayó encima, Olivera y Argañaraz estaban recostados contra la pared y no tuvieron tiempo a moverse.
Oscar llegó a gritar algo. Pero los policías lo tiraron al piso de un culatazo y también le dispararon. En el juicio, al menos tres testigos dijeron a los jueces que habían visto cuando a Willy Argañaraz lo subían vivo a la camioneta Ford. Dijeron que tenía sólo una herida en una pierna y que puteaba a los policías que lo cargaban en la caja de la F100.

MOVILIZADOS. La masacre de Ingeniero Budge no fue el primer caso de gatillo fácil, sino el primero en el que todo un barrio se organizó para pelear contra la política represiva de la policía.
“El 9 de Mayo de 1987 conformamos una Comisión de Vecinos y Amigos de Ingeniero Budge en repudio y esclarecimiento por los crímenes cometidos injustamente que suceden a menudo por asesinos uniformados. Dicha comisión apoya y se solidariza con los familiares de los jóvenes asesinados con el objetivo de terminar de una vez y para siempre con estas agresiones a la juventud”, decía la proclama fundacional de la Comisión de Amigos y vecinos (CAV) que nació inmediatamente después de la masacre. A la primera reunión que convocaron fueron 150 vecinos. En la segunda, que se hizo al poco tiempo en la esquina de Figueredo y Guaminí, concurrieron 3.000 personas.
Esa organización vecinal fue la que comenzó a marchar para exigir justicia por la muerte de los tres jóvenes.
El abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, León Zimermman, tomó la representación de las familias de las víctimas. Su postura coincidía con los vecinos: había que seguir la causa con el apoyo en la calle del barrio. El letrado reformuló la idea de “gatillo alegre”, de Walsh. La expresión “gatillo fácil” se popularizó inmediatamente y comenzó a identificar un asesinato cometido por personal de las fuerzas de seguridad en la Argentina.
Las movilizaciones en reclamo de justicia se hicieron cotidianas, les marcaron el paso a los procesos judiciales y sentaron un antecedente que comenzó a repetirse en cada episodio de gatillo fácil que ocurría en el Conurbano.
De la experiencia de organización de este episodio surgió la Coordinadora contra la represión policial e institucional (Correpi), que se dedica al seguimiento y denuncia de casos de asesinatos en manos de las fuerzas de seguridad en el país.

¿JUSTICIA? La primera sentencia contra los tres policías llegó el 24 de mayo de 1990. Balmaceda y Miño fueron condenados a 5 años de prisión por homicidio en riña. Por el mismo hecho se condenó por homicidio simple a Romero a 12 años de prisión.
Pero la Suprema Corte de Justicia de la Provincia anuló el juicio por un error técnico. Tras nuevo juicio, hubo una segunda sentencia el 24 de Junio de 1994. Los tres policías fueron condenados a 11 años de prisión por homicidio simple.
En septiembre de 1997, la Suprema Corte confirmó la sentencia de la Sala II de Lomas de Zamora.
En febrero de 1998 la Suprema Corte de la Provincia resolvió enviar la causa a la Sala II de Lomas de Zamora para que se haga efectivo el cumplimiento de la sentencia, y el 28 de mayo ordenó la detención. Pero ninguna de las tres órdenes se hizo efectiva y los 3 policías asesinos se profugaron.
Pasaron 9 años hasta que, en 2007 y por la presión de las marchas, los policías fueron atrapados y enviados a prisión.
Sin embargo, la cárcel no duró mucho para Juan Ramón Balmaceda: le otorgaron el beneficio de la prisión domiciliaria.

A 23 AÑOS
La masacre de Budge significó el punto de partida de las luchas contra la represión policial. Al cumplirse 23 años del hecho, organizaciones sociales y políticas marcharon a las 15 de ayer desde el Camino Negro hasta Figueredo y Guaminí, la esquina de la Masacre, en repudio del beneficio recibido por Balmaceda, que no llegó a pasar un año preso.